29/7/2010 3:22 PM
Panamá, EFE
Panamá, 29 jul (EFE).- La modificación de la ley de medio ambiente para flexibilizar la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental "propicia el saqueo de los recursos naturales de nuestro país", denunció hoy una dirigente ambientalista de Panamá.
La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, alertó a la prensa extranjera acreditada en Panamá de que el Gobierno ha hecho hasta ahora "oídos sordos" a la petición de suprimir la reforma a la ley ambiental incluida en una polémica ley aprobada en junio.
La llamada Ley 30, aprobada como una norma para el fomento de la aviación comercial, incluye modificaciones en tres códigos (Penal, Judicial y Laboral) y seis leyes, incluida la orgánica de Policía y la Ley General de Ambiente.
Las protestas contra esta norma tuvieron su punto más alto en la provincia caribeña de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, en donde diez días de enfrentamientos entre trabajadores y policía dejó dos muertos y casi 200 heridos, unos 60 con pérdida total o parcial de la vista por perdigonazos, según fuentes oficiales.
El Gobierno ha aceptado suspender los tres artículos que afectan las normas laborales, pero el presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo ayer que no va a derogar el resto de la norma.
La abogada Jessica Young, de la Fundación ambientalista Mar Viva, expresó a los corresponsales que la aplicación de la Ley 30, que levanta la obligatoriedad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de gran envergadura, supone para Panamá la violación de varias normas internacionales.
Incluso, detalló, los Tratados de Libre Comercio y las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) establecen que es "innegociable" degradar la calidad de los controles ambientales establecidos al asumir esos compromisos.
La directora ejecutiva de la Fundación Avifauna, Beatriz Schmitt, señaló por su lado que el movimiento de organizaciones ambientalistas panameñas mantendrá sus reclamaciones hasta que se corrija esta situación "única en el mundo".
"Panamá es el único país que ha decidido cambiar un estudio de impacto ambiental por el uso de 'buenas prácticas ambientales'", un instrumento válido para proyectos de bajo impacto que no tiene la misma profundidad sino generalidades, acotó.
La directora ejecutiva de la Sociedad Audubon de Panamá, Rosabel Miró, aseguró que el comité de organizaciones ambientalistas ha alertado de este caso a los representantes de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
Anunció que "pronto" organizarán en Panamá un foro internacional con expertos que explicarán la diferencia entre un estudio de impacto ambiental y un manual de buenas prácticas ambientales.
Mientras tanto, el director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Javier Arias, declaró a la prensa local que las dirigentes conservacionistas que critican este cambio son "irresponsables" y "no se han leído la ley", tras asegurar que no se están flexibilizando los controles a los grandes proyectos de inversión.
Spadafora aclaró que la ley da la potestad al consejo de ministros de decidir qué proyecto público no requerirá un estudio de impacto ambiental, "sin ser ellos expertos en materia ambiental, quitándole funciones a la ANAM".
Además, tras recordar que han comunicado su preocupación al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a las Naciones Unidas, aclaró que los proyectos financiados por las agencias multilaterales no estarán incluidos, porque esas organizaciones tienen altos requisitos ambientales para otorgar fondos.
Alida Spadafora hizo hincapié en que "lo que sí está abierto a su aplicación es cualquier proyecto que se financie por la banca privada, otros gobiernos o con fondos del mismo Gobierno de Panamá, como grandes carreteras, refinerías, de minería".
Consideró que el actual Gobierno tiene la "urgencia" de atraer inversiones, entre ellas las de Corea del Sur o Canadá, para explotar la minería, para obtener recursos a corto plazo, pero "puede resultar en un alto costo para la salud de los panameños, para la biodiversidad, traer más pobreza a los indígenas y agravar los efectos del cambio climático".
